Asociaciones Público-Privadas – Ley 93 de 2019

Panamá adopta Ley que regula las Asociaciones Público-Privadas para el Desarrollo como incentivo a la inversión privada, desarrollo social y creación de empleos.

Mediante Ley 93 de 19 de septiembre de 2019, publicada y en vigencia desde el mismo día, la República de Panamá busca brindar un marco jurídico a las Asociaciones Público-Privadas (“APPs”) con la finalidad de incentivar la inversión en el país.

Las APPs son definidas como modalidades de vinculación de capital privado que incorporan experiencias, conocimientos, equipos, tecnologías y capacidades técnicas y financieras, distribuyendo riegos y recursos, con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener la infraestructura pública para el suministro de servicios públicos. Se trata de un acto jurídico materializado en un contrato a largo plazo suscrito entre una o varias entidades públicas y un ente del sector privado.

Mediante esta nueva modalidad el Estado panameño busca potenciar oportunidades para desarrollar obras públicas a través de contratistas privados que puedan autofinanciar o cofinanciar aquellas que superen el monto de quince millones de dólares. En aquellas APPs autofinanciadas, todos los costos del proyecto serán financiados por el contratista quien tendrá derecho a recuperar su inversión mediante tarifas, precios, peajes, cuotas o cargos trasladados directamente al usuario final. Por otro lado, en las APPs cofinanciadas, el Estado, mediante la entidad pública contratante, podrá asumir parte de los costos, si éstos no pueden ser trasladados al usuario final o si las tarifas no cubren los gastos del proyecto.

Con la finalidad de regular y gestionar los proyectos APPs se crea un Ente Rector compuesto de miembros del Consejo de Gabinete, un Comité Consultivo compuesto por cuatro miembros de la empresa privada, dos miembros del sector académico y dos miembros de la fuerza laboral, y una Secretaría Nacional de APP. Corresponde a esta Secretaría Nacional evaluar los potenciales proyectos presentados por las entidades públicas y el Comité Consultivo, y remitir sus recomendaciones al Ente Rector.

Los proyectos APP serán licitados mediante un procedimiento establecido en la nueva ley, y supletoriamente se aplicará la Ley de Contrataciones Públicas. Esta aplicación supletoria incluye el recurso de impugnación ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas.

El resultado de la licitación pública será consignado en un Contrato APP suscrito con una sociedad de propósito específico que deberá ser constituida por el contratista privado adjudicatario. En el caso de contratos cofinanciados, los fondos deberán ser manejados a través de un fideicomiso que incluirá todos los activos y pasivos, presentes y futuros, vinculados al proyecto. La sociedad titular del Contrato APP recibirá como remuneración únicamente el precio, tarifa, subsidio o beneficios convenidos. Estos contratos serán de derecho público, sujetos a refrendo de la Contraloría General de la República y podrán ser modificados por interés público o a petición de la sociedad titular.

El plazo máximo de los contratos APPs será de treinta años, prorrogable hasta por diez años. Los contratos APPs no suponen una delegación de funciones públicas al contratista, tal como la fiscalización y regulación, así como otras exclusivas del Estado. Las controversias contractuales serán resueltas de manera escalonada, en principio mediante trato directo, y posteriormente mediante un panel técnico o un tribunal arbitral.

Exclusiones

Se excluye de esta Ley al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, la Autoridad del Canal de Panamá, la Caja de Seguro Social, el Banco Nacional de Panamá, la Caja de Ahorros, el Banco de Desarrollo Agropecuario, el Banco Hipotecario Nacional, el Instituto de Seguro Agropecuario, la Superintendencia del Mercado de Valores y la Superintendencia de Bancos de Panamá, así como servicios de seguridad pública, salud médica, educación oficial y concesiones de extracción metálica.

 

Patton Moreno & Asvat

Contratación Pública

Los especialistas en Contratación Pública de Patton, Moreno & Asvat cuentan con una importante trayectoria y han asesorado en varios de los proyectos de privatización y contrataciones gubernamentales más relevantes en la República de Panamá.

La regulación de la inversión en infraestructura y en obras públicas ha sido la estructura legal de importantes proyectos de autopistas, puentes y desarrollo de puertos, centros de logística multimodal y de transporte y otros similares.

Asesórese con nuestros especialistas:  Khatiya Asvat  (kasvat@pmalawyers.com) y/o Joaquín de Obarrio (jdeobarrio@pmalawyers.com).