La evolución de los modelos de desarrollo de infraestructura en Panamá
- 24 jun
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Publicado originalmente en Legal Industry Reviews
Resulta útil examinar distintas perspectivas jurídicas sobre el desarrollo de infraestructura, particularmente en países como España, reconocida por su amplia conectividad vial, aérea y ferroviaria. En Panamá, la búsqueda de mecanismos jurídicos y financieros para el desarrollo de infraestructura pública ha evolucionado junto con los desafíos propios de un sector complejo.
Panamá promulgó la Ley 5 de 1988, que creó un Sistema de Concesión Administrativa para la Ejecución de Obras Públicas con el objetivo de viabilizar proyectos viales en un contexto de estrechez fiscal. No obstante, aunque continúa vigente, su aplicación práctica ha sido limitada y posteriormente se desarrollaron esquemas bajo normas de contratación pública o mediante contratos específicos.
La Ley 22 de 2006 de Contrataciones Públicas consolidó un sistema unificado, fortaleciendo la transparencia, la competencia y los mecanismos de selección de contratistas, facilitando una mayor implementación de proyectos de infraestructura. M
Más recientemente, la Ley de Asociaciones Público-Privadas (Ley 93 de 2019) representó un nuevo avance en el marco jurídico panameño, permitiendo estructurar esquemas de participación privada con adecuada asignación de riesgos e incorporando peajes o pagos estatales condicionados a niveles de servicio.
En este contexto destacan las APP de la Carretera Panamericana Oeste y la Panamericana Este, estructuradas bajo contratos por niveles de servicio (Performance-Based Contracts), que integran diseño, financiamiento, construcción y mantenimiento.
Desde una perspectiva jurídica comparada, Panamá evidencia una transición progresiva hacia modelos más sofisticados y efectivamente implementados.
